Perú llama a consultas al embajador en La Paz
Infolatam La Paz, 15 de junio de 2009
El Gobierno de Perú llamó a consultas a su embajador en Bolivia, Fernando Rojas, como gesto de protesta y malestar hacia el presidente Evo Morales por calificar de "genocidio" el conflicto de la región peruana de Bagua.
El violento enfrentamiento ocurrido en la Amazonía del Perú se convirtió en un nuevo motivo de polémica entre La Paz y Lima y agudizó la tensión en sus relaciones por asuntos como los tratados de libre comercio, la integración andina y el asilo concedido a ex ministros bolivianos por el Gobierno de Alan García.En este caso, el detonante del roce diplomático fue el calificativo de "genocidio" empleado por Morales para denunciar lo que, a su juicio, ocurrió en Bagua, donde murieron 24 policías y nueve indígenas. "Lo que pasó en Perú, yo estoy convencido, es el genocidio del TLC, la privatización, la entrega de las selvas amazónicas de Suramérica a las trasnacionales", sostuvo el presidente boliviano, de etnia aimara, el pasado sábado en una cumbre indígena celebrada en Beni (noroeste).En declaraciones a Efe, el embajador de Perú en Bolivia, Fernando Rojas, confirmó que la llamada a consultas por parte de su Gobierno es un gesto de rechazo a "apreciaciones absolutamente falsas" porque en Perú "no ha habido ningún genocidio". El diplomático reprochó también que "diversos sectores bolivianos" han practicado una "injerencia reiterada" en asuntos internos de Perú.Desde Lima, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde consideró que Evo Morales es "obsesivo" en sus insultos a Perú y adivinó en él una voluntad de erigirse en "líder alternativo al presidente Alan García a partir de los movimientos indígenas". Belaúnde señaló a Efe que el propio presidente Alan García "no entiende por qué Morales trata de dañar la relación con Perú, no concibe ese permanente ejercicio de hostilidad" y más tratándose de países que tienen tanto en común.Lo que irritó al Gobierno boliviano fueron las denuncias de algunos políticos peruanos que situaban a Morales en el origen de los disturbios por una carta que el presidente boliviano envió a una cumbre indígena celebrada días antes en Puno.Con la medida diplomática adoptada este lunes por Lima, las relaciones boliviano-peruanas entran en una fase "preocupante", según reconoció el embajador Rojas, quien pidió al Gobierno de Morales una "actuación coherente" con las normas internacionales para mejorar la situación.
jueves, 18 de junio de 2009
Bolivia
Bolivia asume deudas de petrolera nacionalizada
Infolatam La Paz, 16 de junio de 2009
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumió las deudas de la anglo-holandesa Shell y de la británica Ashmore en la nacionalizada Transredes para frenar el arbitraje iniciado por ambas petroleras contra el Gobierno de Evo Morales.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, declaró a la estatal radio Patria Nueva que el proceso de compra de las acciones de esas empresas en la transportadora de hidrocarburos contempló una deuda de 50 millones de dólares de las petroleras con el fisco.Villegas explicó que cuando se nacionalizó Transredes en mayo de 2008, la existencia de la deuda aún no había sido definida pues estaba en un proceso contencioso tributario que, finalmente, resultó favorable al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).Añadió que entre septiembre y octubre de 2008 se acordó pagar una compensación a la Shell y a Ashmore -120 millones de dólares a cada una- por sus acciones en la transportadora, cuyo nombre fue cambiado a "YPFB-Transportes" tras la nacionalización.A cambio, ambas petroleras se comprometieron a cancelar el arbitraje que habían iniciado contra el Gobierno boliviano. "Entre ambas empresas exigían un pago de 1.000 millones de dólares. Ese fue otro elemento que nos llevó a la consideración para tomar decisiones de tal manera de no tener un arbitraje internacional", señaló Villegas.El 1 de mayo de 2008 el Gobierno de Evo Morales emitió un decreto para nacionalizar el 50 por ciento de acciones que la Shell y Ashmore tenían en Transredes, a través del consorcio TR Holding.Como no se llegó a un acuerdo, en junio del año pasado el Ejecutivo emitió un segundo decreto para expropiar la transportadora de hidrocarburos. Las petroleras respondieron con un arbitraje. Finalmente, el Estado y las empresas llegaron al convenio señalado por Villegas.
Infolatam La Paz, 16 de junio de 2009
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumió las deudas de la anglo-holandesa Shell y de la británica Ashmore en la nacionalizada Transredes para frenar el arbitraje iniciado por ambas petroleras contra el Gobierno de Evo Morales.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, declaró a la estatal radio Patria Nueva que el proceso de compra de las acciones de esas empresas en la transportadora de hidrocarburos contempló una deuda de 50 millones de dólares de las petroleras con el fisco.Villegas explicó que cuando se nacionalizó Transredes en mayo de 2008, la existencia de la deuda aún no había sido definida pues estaba en un proceso contencioso tributario que, finalmente, resultó favorable al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).Añadió que entre septiembre y octubre de 2008 se acordó pagar una compensación a la Shell y a Ashmore -120 millones de dólares a cada una- por sus acciones en la transportadora, cuyo nombre fue cambiado a "YPFB-Transportes" tras la nacionalización.A cambio, ambas petroleras se comprometieron a cancelar el arbitraje que habían iniciado contra el Gobierno boliviano. "Entre ambas empresas exigían un pago de 1.000 millones de dólares. Ese fue otro elemento que nos llevó a la consideración para tomar decisiones de tal manera de no tener un arbitraje internacional", señaló Villegas.El 1 de mayo de 2008 el Gobierno de Evo Morales emitió un decreto para nacionalizar el 50 por ciento de acciones que la Shell y Ashmore tenían en Transredes, a través del consorcio TR Holding.Como no se llegó a un acuerdo, en junio del año pasado el Ejecutivo emitió un segundo decreto para expropiar la transportadora de hidrocarburos. Las petroleras respondieron con un arbitraje. Finalmente, el Estado y las empresas llegaron al convenio señalado por Villegas.
lunes, 15 de junio de 2009
Perú
Perupetro lanzará nueva ronda a fin de mes
David Casallas / Business News Americas
Jueves 11, Junio 2009 17:24 (GMT -0400)
La empresa estatal de promoción de los hidrocarburos, Perupetro, anunció que planea lanzar a fin de mes una nueva ronda de exploración y producción en el país.
BNamericas indagó sobre la ronda -que el presidente de Perupetro, Daniel Saba, dijo en marzo se realizaría en julio- debido a los recientes disturbios de grupos indígenas que han afectado la actividad petrolera en el país.
Los conflictos en la selva peruana disminuyeron tras los cruentos enfrentamientos del fin de semana entre manifestantes y la policía. Uno de los motivos es el toque de queda impuesto por el gobierno, además de la suspensión por parte del Congreso de un decreto que habría relajado las restricciones para la tala de árboles en la Amazonía.
En la ronda se ofrecerán entre 17 y 19 bloques, dijo un ejecutivo, quien agregó que el resto de los detalles se daría a conocer en el transcurso del mes.
La nueva ronda de licencias forma parte de los esfuerzos del gobierno por aumentar la exploración en el país con miras a convertirse en exportador neto de hidrocarburos en los próximos años.
En abril Perupetro firmó 13 nuevas licencias, que elevaron el número de contratos vigentes a 92. Estos 13 contratos demandarán una inversión cercana a los US$650mn.
De hallarse hidrocarburos, la regalía promedio que pagarán las empresas corresponderá a un 30% del valor de la producción del petróleo o el gas.
David Casallas / Business News Americas
Jueves 11, Junio 2009 17:24 (GMT -0400)
La empresa estatal de promoción de los hidrocarburos, Perupetro, anunció que planea lanzar a fin de mes una nueva ronda de exploración y producción en el país.
BNamericas indagó sobre la ronda -que el presidente de Perupetro, Daniel Saba, dijo en marzo se realizaría en julio- debido a los recientes disturbios de grupos indígenas que han afectado la actividad petrolera en el país.
Los conflictos en la selva peruana disminuyeron tras los cruentos enfrentamientos del fin de semana entre manifestantes y la policía. Uno de los motivos es el toque de queda impuesto por el gobierno, además de la suspensión por parte del Congreso de un decreto que habría relajado las restricciones para la tala de árboles en la Amazonía.
En la ronda se ofrecerán entre 17 y 19 bloques, dijo un ejecutivo, quien agregó que el resto de los detalles se daría a conocer en el transcurso del mes.
La nueva ronda de licencias forma parte de los esfuerzos del gobierno por aumentar la exploración en el país con miras a convertirse en exportador neto de hidrocarburos en los próximos años.
En abril Perupetro firmó 13 nuevas licencias, que elevaron el número de contratos vigentes a 92. Estos 13 contratos demandarán una inversión cercana a los US$650mn.
De hallarse hidrocarburos, la regalía promedio que pagarán las empresas corresponderá a un 30% del valor de la producción del petróleo o el gas.
Perú
El 86% de la demanda estimada para Gasoducto Andino del Sur es incierta, según Kuntur
14/06/2009
Kuntur Transportadora de Gas afirmó que aproximadamente el 86 por ciento de la demanda proyectada para el Gasoducto Andino del Sur tiene un alto nivel de incertidumbre, siendo este componente uno de los principales retos que enfrenta el proyecto. Ello porque un gran porcentaje de la demanda está representando por potenciales proyectos de inversión.
Según el informe elaborado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation, sobre el estudio promedio de costo del capital de proyecto, Kuntur se encuentra en riesgo del recupero de la inversión como consecuencia de la incertidumbre asociada a la proyección de la demanda.Para el análisis realizado se asume una proyección de demanda con cuatro años de anticipación a la fecha estimada de operación comercial del gasoducto (2013), incrementando sensiblemente la dificultad de predicción.Es así que las potenciales variaciones en la demanda podrían generar diferencias con un impacto significativo en la economía de proyecto, lo cual llevaría a afectar seriamente la rentabilidad del mismo e incluso llevándolo a ser inviable.Kuntur considera que la demanda será especialmente sensible al potencial del desarrollo de la generación termoeléctrica, estimada en 63 por ciento de consumo total de gas natural en el sur del país para el año 2015, y de 71 por ciento para el 2020.También al potencial desarrollo de grandes inversiones en industria petroquímica proyectada como 15 por ciento de la demanda de gas natural en el 2015.Con respecto al 14 por ciento de la demanda asociada al consumo local ya instalado en las zonas de influencia del proyecto, se puede considerar que si bien es cierto es estable, se trata de un mercado joven que hoy carece de la infraestructura básica para su desarrollo.Además, Kuntur afirma que si bien el gobierno ha manifestado la decisión de promover la descentralización de gas natural, en particular, hacia el sur, la implementación efectiva de medidas para promover el desarrollo de generación eléctrica y proyectos petroquímicos en el sur del país aún no se ha producido, siendo esto uno de los grandes desafíos del proyecto.El concesionario también manifiesta que, a la fecha, el proyecto no cuenta con ningún tipo de mecanismo que asegure sus ingresos o que asegure un volumen mínimo, y la no disponibilidad de un instrumento, como la Garantía por Red Principal (GRP), es otro de los principales riesgos asociados al proyecto.Finalmente, la empresa afirma que el proyecto no cuenta con depreciación acelerada de sus activos o con estabilidad tributaria durante todo el plazo de la concesión, pues la otorgada al proyecto sólo durará 10 años.
14/06/2009
Kuntur Transportadora de Gas afirmó que aproximadamente el 86 por ciento de la demanda proyectada para el Gasoducto Andino del Sur tiene un alto nivel de incertidumbre, siendo este componente uno de los principales retos que enfrenta el proyecto. Ello porque un gran porcentaje de la demanda está representando por potenciales proyectos de inversión.
Según el informe elaborado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation, sobre el estudio promedio de costo del capital de proyecto, Kuntur se encuentra en riesgo del recupero de la inversión como consecuencia de la incertidumbre asociada a la proyección de la demanda.Para el análisis realizado se asume una proyección de demanda con cuatro años de anticipación a la fecha estimada de operación comercial del gasoducto (2013), incrementando sensiblemente la dificultad de predicción.Es así que las potenciales variaciones en la demanda podrían generar diferencias con un impacto significativo en la economía de proyecto, lo cual llevaría a afectar seriamente la rentabilidad del mismo e incluso llevándolo a ser inviable.Kuntur considera que la demanda será especialmente sensible al potencial del desarrollo de la generación termoeléctrica, estimada en 63 por ciento de consumo total de gas natural en el sur del país para el año 2015, y de 71 por ciento para el 2020.También al potencial desarrollo de grandes inversiones en industria petroquímica proyectada como 15 por ciento de la demanda de gas natural en el 2015.Con respecto al 14 por ciento de la demanda asociada al consumo local ya instalado en las zonas de influencia del proyecto, se puede considerar que si bien es cierto es estable, se trata de un mercado joven que hoy carece de la infraestructura básica para su desarrollo.Además, Kuntur afirma que si bien el gobierno ha manifestado la decisión de promover la descentralización de gas natural, en particular, hacia el sur, la implementación efectiva de medidas para promover el desarrollo de generación eléctrica y proyectos petroquímicos en el sur del país aún no se ha producido, siendo esto uno de los grandes desafíos del proyecto.El concesionario también manifiesta que, a la fecha, el proyecto no cuenta con ningún tipo de mecanismo que asegure sus ingresos o que asegure un volumen mínimo, y la no disponibilidad de un instrumento, como la Garantía por Red Principal (GRP), es otro de los principales riesgos asociados al proyecto.Finalmente, la empresa afirma que el proyecto no cuenta con depreciación acelerada de sus activos o con estabilidad tributaria durante todo el plazo de la concesión, pues la otorgada al proyecto sólo durará 10 años.
Ecuador
Ecuador considera inaceptable la demanda de petrolera Perenco
2009-06-15 07:29:07 Quito
Ap
El ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Germánico Pinto, dijo ayer que es “inaceptable” la demanda que la petrolera francesa Perenco presentó ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tras negarse a pagar al Estado una deuda por 327 millones de dólares.
El monto corresponde a la vigencia desde 2007 de una ley que obliga a pagar el 99 por ciento de las ganancias extraordinarias obtenidas por los inesperados altos precios del crudo y que no estaban contempladas en los contratos originales.“Perenco está cuestionando una ley ecuatoriana y está planteando ese cuestionamiento ante un árbitro, un tercero, y eso es inaceptable”, dijo Pinto en declaraciones al canal estatal Ecuadortv. “Una ley ecuatoriana es algo que nosotros establecemos en forma soberana”, añadió.
2009-06-15 07:29:07 Quito
Ap
El ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Germánico Pinto, dijo ayer que es “inaceptable” la demanda que la petrolera francesa Perenco presentó ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tras negarse a pagar al Estado una deuda por 327 millones de dólares.
El monto corresponde a la vigencia desde 2007 de una ley que obliga a pagar el 99 por ciento de las ganancias extraordinarias obtenidas por los inesperados altos precios del crudo y que no estaban contempladas en los contratos originales.“Perenco está cuestionando una ley ecuatoriana y está planteando ese cuestionamiento ante un árbitro, un tercero, y eso es inaceptable”, dijo Pinto en declaraciones al canal estatal Ecuadortv. “Una ley ecuatoriana es algo que nosotros establecemos en forma soberana”, añadió.
Colombia
Ecopetrol ejecuta 45% de inversiones de 2009
12/06/2009
EL UNIVERSAL (CO) Colombia
La agresiva campaña de compras que Ecopetrol ha emprendido desde principio de este año se nota en la caja de la compañía, pues de los 6.224 millones de dólares que tiene presupuestados invertir este año ya ha ejecutado cerca de 3.000 millones de dólares, lo que corresponde al 45 por ciento.
El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy, explicó que la mayor parte del plan está concentrado en los campos actuales de producción, donde se tienen 2.715 millones de dólares que van a permitir seguir aumentando la producción y en la parte exploratoria que corresponden a 1.000 millones de dólares. Es decir, más del 60 por ciento está concentrado en este aspecto. En este sentido, Gutiérrez aseguró que continúa firme en su propósito de crecer un 12 por ciento en producción al año, es decir, que al terminar 2009, la empresa debe extraer crudo en más de 500 mil barriles por día. “Con nuestros negocios en el exterior aspiramos a estar aproximadamente en 530 mil barriles por día”, agregó Gutiérrez. HALLAN PETRÓLEOPacific Rubiales Energy informó sobre el hallazgo en el pozo Abanico 20, en el valle del Magdalena Medio. Los primeros resultados arrojaron un flujo de producción de 901 barriles por día con una densidad de 22,5 grados API, considerado un crudo liviano de buena calidad. LOS NEGOCIOSEn sólo tres meses, Ecopetrol realizó compras por 1.996,8 millones de dólares, lo cual representaba la tercera parte del plan de inversiones de la firma para este año. La compra, en conjunto con Knoc, de Petro-tech Peruana por 900 millones de dólares más 92 millones de dólares de capital de trabajo; la adquisición de Hocol por 580 millones de dólares más un valor estimado de 168 millones de dólares por capital de trabajo; asumir el control total de la Refinería de Cartagena por 549 millones de dólares y de Ocensa por 417,8 millones de dólares, representan las inversiones más importantes que la petrolera ha hecho este año. Gutiérrez reiteró que “el plan de inversiones para 2009 está alineado con nuestra estrategia de crecimiento que busca que en el año 2015 seamos una empresa global de energía, con una producción de un millón de barriles de petróleo equivalente, una mayor presencia internacional y un portafolio consolidado en biocombustibles, refinación y petroquímica”.
12/06/2009
EL UNIVERSAL (CO) Colombia
La agresiva campaña de compras que Ecopetrol ha emprendido desde principio de este año se nota en la caja de la compañía, pues de los 6.224 millones de dólares que tiene presupuestados invertir este año ya ha ejecutado cerca de 3.000 millones de dólares, lo que corresponde al 45 por ciento.
El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy, explicó que la mayor parte del plan está concentrado en los campos actuales de producción, donde se tienen 2.715 millones de dólares que van a permitir seguir aumentando la producción y en la parte exploratoria que corresponden a 1.000 millones de dólares. Es decir, más del 60 por ciento está concentrado en este aspecto. En este sentido, Gutiérrez aseguró que continúa firme en su propósito de crecer un 12 por ciento en producción al año, es decir, que al terminar 2009, la empresa debe extraer crudo en más de 500 mil barriles por día. “Con nuestros negocios en el exterior aspiramos a estar aproximadamente en 530 mil barriles por día”, agregó Gutiérrez. HALLAN PETRÓLEOPacific Rubiales Energy informó sobre el hallazgo en el pozo Abanico 20, en el valle del Magdalena Medio. Los primeros resultados arrojaron un flujo de producción de 901 barriles por día con una densidad de 22,5 grados API, considerado un crudo liviano de buena calidad. LOS NEGOCIOSEn sólo tres meses, Ecopetrol realizó compras por 1.996,8 millones de dólares, lo cual representaba la tercera parte del plan de inversiones de la firma para este año. La compra, en conjunto con Knoc, de Petro-tech Peruana por 900 millones de dólares más 92 millones de dólares de capital de trabajo; la adquisición de Hocol por 580 millones de dólares más un valor estimado de 168 millones de dólares por capital de trabajo; asumir el control total de la Refinería de Cartagena por 549 millones de dólares y de Ocensa por 417,8 millones de dólares, representan las inversiones más importantes que la petrolera ha hecho este año. Gutiérrez reiteró que “el plan de inversiones para 2009 está alineado con nuestra estrategia de crecimiento que busca que en el año 2015 seamos una empresa global de energía, con una producción de un millón de barriles de petróleo equivalente, una mayor presencia internacional y un portafolio consolidado en biocombustibles, refinación y petroquímica”.
Perú
Prosigue batalla por la Amazonía
Ramiro Escobar
Noticias Aliadas
En medio de un clima de conmoción nacional, el Congreso de la República del Perú suspendió, el 10 de junio, los Decretos Legislativos 1064 y 1090, dos de las normas más cuestionadas del paquete legal que, desde hace más de dos meses, tiene a buena parte de la Amazonia paralizada.
El diálogo, sin embargo, aún sigue bloqueado, como algunas carreteras de dicha región, donde ya se han producido decenas de muertes. El acuerdo se logró con los 57 votos del oficialista Partido Aprista Peruano, el grupo fujimorista (seguidores del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori) y la centroderechista Unidad Nacional. También hubo una abstención y, en contra, sumando 47 votos (el Parlamento tiene 120 integrantes), votaron las bancadas del Partido Nacionalista del Perú, Unión por el Perú, el Bloque Popular y Alianza Parlamentaria. Estos últimos grupos buscaban la derogatoria total, no sólo la suspensión de los decretos. Las normas forman parte de un paquete de decretos promulgados por el presidente Alan García al amparo de la Ley 29157, que el 20 de diciembre del 2007 facultó al Poder Ejecutivo para emitir normas que, presuntamente, facilitarían el tratado de libre comercio del Perú con EEUU. Esta ha sido la segunda vez en menos de un año que después de movilizaciones de los pueblos amazónicos que el Congreso deroga o suspende algunas de estas normas que abren la inversión a la Amazonia. Los nueve decretos legislativos que los pueblos amazónicos piden sean derogados facultan el cambio de uso de las tierras para "uso agrario" (1060), y aluden, entre otros temas, a la ampliación de la frontera agraria (994) o al aprovechamiento de los recursos hídricos (1081). En la Amazonia, según numerosos juristas e instituciones —entre ellas el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)—, el 1060 limita los accesos al bosque de los pueblos indígenas y facilita contratos de "cesión de uso", que podrían implicar inversiones de explotación del subsuelo. Fracaso político encubierto En cuanto a los decretos suspendidos, el 1090 crea una Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es interpretada por las organizaciones indígenas como una forma de limitar el acceso que tienen a los bosques, donde hasta ahora buscan su sustento. Por otro lado, el 1064 establece un régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario que viola derechos de propiedad comunal. "La suspensión de los decretos es una derogatoria encubierta, que pretende ocultar el fracaso político", dice Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL. La decisión congresal, en efecto, viene luego de que en la madrugada del 5 de junio se produjera un violento enfrentamiento entre numerosos indígenas de la etnia awajún y un nutrido contingente policial, el cual dejó 23 policías muertos y, según los líderes indígenas, al menos 22 indígenas muertos, además de decenas de heridos. El gobierno dice que sólo nueve manifestantes murieron. El choque se produjo en la denominada "Curva del Diablo" de la carretera Fernando Belaúnde Terry, ubicada cerca de la ciudad nororiental de Bagua, donde los nativos se encontraban apostados hace cerca de un mes, en protesta por los citados decretos y atendiendo a la convocatoria de huelga que hizo la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a cerca de 1,300 comunidades nativas, agrupadas en más de 50 federaciones. La medida llegaba al día 54 sin que se arribara a un diálogo fructífero. En todo ese tiempo, los intentos del Ejecutivo por negociar con Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, fueron tardíos y pálidos. Pizango, por su parte, no varió en ningún momento su posición —que representa la demanda de los líderes de cada comunidad amazónica— de pedir la derogatoria total de los decretos, no su modificación. El 6 de junio, finalmente, el dirigente indígena se asiló en la embajada de Nicaragua, tras la orden de captura que dictaron contra él las autoridades judiciales. El gobierno nicaragüense le otorgó el asilo político, mientras Daysi Zapata, vicepresidenta de AIDESEP, de la etnia yine, asumía la vocería de la organización indígena. "Nuestros hermanos no fueron escuchados y el señor Alan García [el presidente] sólo los estuvo entreteniendo y ninguneando", afirma Fermín Tiwi Paati, abogado de la etnia awajún que actualmente sigue una maestría en Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según Tiwi, los decretos "son inconstitucionales y lesivos a los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas por violar el derecho a la consulta previa, porque así se establece en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT]". La referencia a las tierras que hace Tiwi se basa en explicaciones precisas que él mismo da: "Para nosotros, el territorio son los bosques, los animales, el idioma, nuestros ancestros. Todo está conectado". Recién después de la conmoción, parte del país comprendió que, para los nativos, la tierra está estrechamente ligada con la identidad. Medida de fuerza continúa La alusión al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha flotado intensamente en estos días de tenso debate, tras los sangrientos sucesos de Bagua. El Estado peruano incorporó el citado convenio a su legislación el 2 de diciembre de 1993, mediante Resolución Legislativa 26253. Desde entonces, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución Política, forma parte "del derecho nacional" y tiene que cumplirse. Más aún, en enero del 2009, una Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios de la OIT instó al gobierno a que "adopte sin demora la participación y consulta de los pueblos indígenas de manera coordinada y sistemática". Los gobiernos transcurridos desde que se ratificó el acuerdo no pusieron en marcha este mecanismo, lo que ha contribuido a atizar conflictos latentes. "Una ruta, para el problema actual, sería llevar todos los decretos al Tribunal Constitucional, que debería declararlos inconstitucionales por no cumplir el Convenio 169 de la OIT", apunta Ruiz. De acuerdo a su punto de vista, dicha instancia —la máxima en la legislación peruana para resolver disputas legales— debería ver el tema con prioridad. Al 11 de junio, el gobierno de García, golpeado políticamente por los incidentes -que incluso provocaron la renuncia de la ministra de la Mujer, Carmela Vildoso-, no terminaba de reaccionar. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha planteado una nueva mesa de diálogo, con más integrantes, distinta a la que se había intentado llevar a cabo, sin éxito, antes del 5 de junio. "La primera responsabilidad en esta tragedia recae en Alan García, que empeñado en sacar adelante el programa de entregar las tierras de la Amazonía en grandes lotes a las transnacionales, trasgredió la Constitución", escribió en el diario La República, el 10 de junio, el sociólogo Nelson Manrique. A pesar del evidente naufragio político-institucional, el mandatario no hacía autocrítica alguna y mantenía en su puesto a Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, quien ni siquiera reconoció haber dado a la Policía la orden de reprimir a los indígenas. AIDESEP La organización ha decidido mantener su medida de fuerza y cuenta con el apoyo de numerosos gremios, frentes de defensa y grupos políticos que participaron el 11 de junio en una gran movilización nacional que incluyó marchas en Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo y en Yurimaguas, donde el bloqueo de los indígenas a la carretera continúa provocando tensión.
Ramiro Escobar
Noticias Aliadas
En medio de un clima de conmoción nacional, el Congreso de la República del Perú suspendió, el 10 de junio, los Decretos Legislativos 1064 y 1090, dos de las normas más cuestionadas del paquete legal que, desde hace más de dos meses, tiene a buena parte de la Amazonia paralizada.
El diálogo, sin embargo, aún sigue bloqueado, como algunas carreteras de dicha región, donde ya se han producido decenas de muertes. El acuerdo se logró con los 57 votos del oficialista Partido Aprista Peruano, el grupo fujimorista (seguidores del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori) y la centroderechista Unidad Nacional. También hubo una abstención y, en contra, sumando 47 votos (el Parlamento tiene 120 integrantes), votaron las bancadas del Partido Nacionalista del Perú, Unión por el Perú, el Bloque Popular y Alianza Parlamentaria. Estos últimos grupos buscaban la derogatoria total, no sólo la suspensión de los decretos. Las normas forman parte de un paquete de decretos promulgados por el presidente Alan García al amparo de la Ley 29157, que el 20 de diciembre del 2007 facultó al Poder Ejecutivo para emitir normas que, presuntamente, facilitarían el tratado de libre comercio del Perú con EEUU. Esta ha sido la segunda vez en menos de un año que después de movilizaciones de los pueblos amazónicos que el Congreso deroga o suspende algunas de estas normas que abren la inversión a la Amazonia. Los nueve decretos legislativos que los pueblos amazónicos piden sean derogados facultan el cambio de uso de las tierras para "uso agrario" (1060), y aluden, entre otros temas, a la ampliación de la frontera agraria (994) o al aprovechamiento de los recursos hídricos (1081). En la Amazonia, según numerosos juristas e instituciones —entre ellas el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)—, el 1060 limita los accesos al bosque de los pueblos indígenas y facilita contratos de "cesión de uso", que podrían implicar inversiones de explotación del subsuelo. Fracaso político encubierto En cuanto a los decretos suspendidos, el 1090 crea una Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es interpretada por las organizaciones indígenas como una forma de limitar el acceso que tienen a los bosques, donde hasta ahora buscan su sustento. Por otro lado, el 1064 establece un régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario que viola derechos de propiedad comunal. "La suspensión de los decretos es una derogatoria encubierta, que pretende ocultar el fracaso político", dice Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL. La decisión congresal, en efecto, viene luego de que en la madrugada del 5 de junio se produjera un violento enfrentamiento entre numerosos indígenas de la etnia awajún y un nutrido contingente policial, el cual dejó 23 policías muertos y, según los líderes indígenas, al menos 22 indígenas muertos, además de decenas de heridos. El gobierno dice que sólo nueve manifestantes murieron. El choque se produjo en la denominada "Curva del Diablo" de la carretera Fernando Belaúnde Terry, ubicada cerca de la ciudad nororiental de Bagua, donde los nativos se encontraban apostados hace cerca de un mes, en protesta por los citados decretos y atendiendo a la convocatoria de huelga que hizo la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a cerca de 1,300 comunidades nativas, agrupadas en más de 50 federaciones. La medida llegaba al día 54 sin que se arribara a un diálogo fructífero. En todo ese tiempo, los intentos del Ejecutivo por negociar con Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, fueron tardíos y pálidos. Pizango, por su parte, no varió en ningún momento su posición —que representa la demanda de los líderes de cada comunidad amazónica— de pedir la derogatoria total de los decretos, no su modificación. El 6 de junio, finalmente, el dirigente indígena se asiló en la embajada de Nicaragua, tras la orden de captura que dictaron contra él las autoridades judiciales. El gobierno nicaragüense le otorgó el asilo político, mientras Daysi Zapata, vicepresidenta de AIDESEP, de la etnia yine, asumía la vocería de la organización indígena. "Nuestros hermanos no fueron escuchados y el señor Alan García [el presidente] sólo los estuvo entreteniendo y ninguneando", afirma Fermín Tiwi Paati, abogado de la etnia awajún que actualmente sigue una maestría en Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según Tiwi, los decretos "son inconstitucionales y lesivos a los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas por violar el derecho a la consulta previa, porque así se establece en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT]". La referencia a las tierras que hace Tiwi se basa en explicaciones precisas que él mismo da: "Para nosotros, el territorio son los bosques, los animales, el idioma, nuestros ancestros. Todo está conectado". Recién después de la conmoción, parte del país comprendió que, para los nativos, la tierra está estrechamente ligada con la identidad. Medida de fuerza continúa La alusión al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha flotado intensamente en estos días de tenso debate, tras los sangrientos sucesos de Bagua. El Estado peruano incorporó el citado convenio a su legislación el 2 de diciembre de 1993, mediante Resolución Legislativa 26253. Desde entonces, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución Política, forma parte "del derecho nacional" y tiene que cumplirse. Más aún, en enero del 2009, una Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios de la OIT instó al gobierno a que "adopte sin demora la participación y consulta de los pueblos indígenas de manera coordinada y sistemática". Los gobiernos transcurridos desde que se ratificó el acuerdo no pusieron en marcha este mecanismo, lo que ha contribuido a atizar conflictos latentes. "Una ruta, para el problema actual, sería llevar todos los decretos al Tribunal Constitucional, que debería declararlos inconstitucionales por no cumplir el Convenio 169 de la OIT", apunta Ruiz. De acuerdo a su punto de vista, dicha instancia —la máxima en la legislación peruana para resolver disputas legales— debería ver el tema con prioridad. Al 11 de junio, el gobierno de García, golpeado políticamente por los incidentes -que incluso provocaron la renuncia de la ministra de la Mujer, Carmela Vildoso-, no terminaba de reaccionar. El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha planteado una nueva mesa de diálogo, con más integrantes, distinta a la que se había intentado llevar a cabo, sin éxito, antes del 5 de junio. "La primera responsabilidad en esta tragedia recae en Alan García, que empeñado en sacar adelante el programa de entregar las tierras de la Amazonía en grandes lotes a las transnacionales, trasgredió la Constitución", escribió en el diario La República, el 10 de junio, el sociólogo Nelson Manrique. A pesar del evidente naufragio político-institucional, el mandatario no hacía autocrítica alguna y mantenía en su puesto a Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, quien ni siquiera reconoció haber dado a la Policía la orden de reprimir a los indígenas. AIDESEP La organización ha decidido mantener su medida de fuerza y cuenta con el apoyo de numerosos gremios, frentes de defensa y grupos políticos que participaron el 11 de junio en una gran movilización nacional que incluyó marchas en Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo y en Yurimaguas, donde el bloqueo de los indígenas a la carretera continúa provocando tensión.
Perú
Legal pero ilegítimo
El 1015 y otros decretos
Por: María Luisa Burneo*
julio de 2008
El sábado 28 de junio se publicaron los decretos legislativos 1073 y 1064. El primero
modifica el tan cuestionado decreto 10151, señalando que la decisión sobre la
disposición de las tierras comunales sea tomada por no menos de la mitad de los
“comuneros posesionarios con más de un año” y ya no de los asistentes a la asamblea
comunal, como se pretendía establecer. Sin embargo, esta modificación debe leerse
junto con los otros decretos publicados que afectan sustancialmente la legislación sobre
tierras y comunidades en el Perú. Tal vez el más importante sea el decreto 1064, que
deroga la Ley de Tierras (Ley 26505)2. Una de las implicancias de esta norma es que se
dejaría sin efecto la necesidad de llegar a un “acuerdo previo” sobre el uso de una
propiedad; es decir, la aprobación que debía dar el propietario de la tierra para que, por
ejemplo, se pudieran desarrollar actividades mineras en ella.
El 1015 y otros decretos
Por: María Luisa Burneo*
julio de 2008
El sábado 28 de junio se publicaron los decretos legislativos 1073 y 1064. El primero
modifica el tan cuestionado decreto 10151, señalando que la decisión sobre la
disposición de las tierras comunales sea tomada por no menos de la mitad de los
“comuneros posesionarios con más de un año” y ya no de los asistentes a la asamblea
comunal, como se pretendía establecer. Sin embargo, esta modificación debe leerse
junto con los otros decretos publicados que afectan sustancialmente la legislación sobre
tierras y comunidades en el Perú. Tal vez el más importante sea el decreto 1064, que
deroga la Ley de Tierras (Ley 26505)2. Una de las implicancias de esta norma es que se
dejaría sin efecto la necesidad de llegar a un “acuerdo previo” sobre el uso de una
propiedad; es decir, la aprobación que debía dar el propietario de la tierra para que, por
ejemplo, se pudieran desarrollar actividades mineras en ella.
Perú
Tensión entre Gobierno, indígenas y Bolivia no disminuye
Infolatam Lima, 15 de junio de 2009
La tensión en la Amazonía peruana no disminuye: los líderes indígenas han anunciado que no dejaran de protestar y el fiscal de la República ha acusado a los líderes indígenas de apología del motín. Evo Morales ha asegurado que el gobierno de Alan García ha cometido un genocidio y el presidente peruano ha señalado que todo responde a una conspiración comunista.Dos opiniones en Infolatam sobre el conflicto:Carlos Malamud: Derechos colectivos y Derechos individualesFernando Tuesta: La tragedia de Bagua
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Alberto Pizango, y cuatro dirigentes de esta organización han sido acusados por la fiscal Silvia Sack Ramos de cometer un delito contra la tranquilidad pública contra el Estado, por su apología de la sedición y motín.
Según la fiscal, Pizango "incitó directamente a las comunidades a cometer actos delictivos (...) y llegó a elogiar incluso los actos desplegados por miembros de las comunidades indígenas respecto a la toma de carreteras y la interrupción de las vías de comunicación".
La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, señaló que la denuncia fiscal busca descabezar el movimiento indígena: "Es una venganza del gobierno. Los fiscales y jueces simplemente cumplen órdenes contra nuestros hermanos. Si Alan García cree que enviando a la cárcel a los dirigentes se acabará la protesta, se equivoca. Habrá otros líderes que continuarán con la lucha".
Para Alan García todo lo ocurrido responde a una conspiración: "El comunismo y extremismo nacional e internacional quiere generar caos en el país. No tienen votos, pero tienen armas para matar policías". Incluso calificó lo sucedido como "un genocidio de policías por parte de elementos extremistas que quieren entregarnos a modelos extranjeros de gobierno".
De hecho, el gobierno de Perú mantine un claro enfrentamiento con el de Evo Morales a quien ha acusado de apoyar las protestas indígenas. Morales por su parte no ha parado de opinar sobre lo ocurrido en Perú.
Evo Morales calificó el conflicto ocurrido en la Amazonía peruana, en el que murieron 24 policías y 10 indígenas de ese país como "el genocidio del TLC (Tratado de Libre Comercio): "Lo que pasó en Perú, yo estoy convencido, es el genocidio del TLC, la privatización, la entrega de las selvas amazónicas de Sudamérica a las trasnacionales".
El primer ministro, Yehude Simon, ha negado en el diario El Comercio que vaya a dimitir como le pide el humalismo y el fujimorismo y ha respaldado la actuación de la ministra del Interrior Mercedes Cabanillas: "Me iré en el momento en que sienta que las cosas vuelven a su nivel, cuando el mundo nativo entienda que somos sus aliados, que tenemos una política para la Amazonía que nunca tuvo ningún gobierno".
Daysi Zapata asegura en el diario El País que Cabanillas, "cambió a la policía en Bagua y ordenó a los nuevos policías meter bala [disparar con fuego real] contra los hermanos que se defendieron como pudieron cuando se vieron provocados".
Infolatam Lima, 15 de junio de 2009
La tensión en la Amazonía peruana no disminuye: los líderes indígenas han anunciado que no dejaran de protestar y el fiscal de la República ha acusado a los líderes indígenas de apología del motín. Evo Morales ha asegurado que el gobierno de Alan García ha cometido un genocidio y el presidente peruano ha señalado que todo responde a una conspiración comunista.Dos opiniones en Infolatam sobre el conflicto:Carlos Malamud: Derechos colectivos y Derechos individualesFernando Tuesta: La tragedia de Bagua
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Alberto Pizango, y cuatro dirigentes de esta organización han sido acusados por la fiscal Silvia Sack Ramos de cometer un delito contra la tranquilidad pública contra el Estado, por su apología de la sedición y motín.
Según la fiscal, Pizango "incitó directamente a las comunidades a cometer actos delictivos (...) y llegó a elogiar incluso los actos desplegados por miembros de las comunidades indígenas respecto a la toma de carreteras y la interrupción de las vías de comunicación".
La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, señaló que la denuncia fiscal busca descabezar el movimiento indígena: "Es una venganza del gobierno. Los fiscales y jueces simplemente cumplen órdenes contra nuestros hermanos. Si Alan García cree que enviando a la cárcel a los dirigentes se acabará la protesta, se equivoca. Habrá otros líderes que continuarán con la lucha".
Para Alan García todo lo ocurrido responde a una conspiración: "El comunismo y extremismo nacional e internacional quiere generar caos en el país. No tienen votos, pero tienen armas para matar policías". Incluso calificó lo sucedido como "un genocidio de policías por parte de elementos extremistas que quieren entregarnos a modelos extranjeros de gobierno".
De hecho, el gobierno de Perú mantine un claro enfrentamiento con el de Evo Morales a quien ha acusado de apoyar las protestas indígenas. Morales por su parte no ha parado de opinar sobre lo ocurrido en Perú.
Evo Morales calificó el conflicto ocurrido en la Amazonía peruana, en el que murieron 24 policías y 10 indígenas de ese país como "el genocidio del TLC (Tratado de Libre Comercio): "Lo que pasó en Perú, yo estoy convencido, es el genocidio del TLC, la privatización, la entrega de las selvas amazónicas de Sudamérica a las trasnacionales".
El primer ministro, Yehude Simon, ha negado en el diario El Comercio que vaya a dimitir como le pide el humalismo y el fujimorismo y ha respaldado la actuación de la ministra del Interrior Mercedes Cabanillas: "Me iré en el momento en que sienta que las cosas vuelven a su nivel, cuando el mundo nativo entienda que somos sus aliados, que tenemos una política para la Amazonía que nunca tuvo ningún gobierno".
Daysi Zapata asegura en el diario El País que Cabanillas, "cambió a la policía en Bagua y ordenó a los nuevos policías meter bala [disparar con fuego real] contra los hermanos que se defendieron como pudieron cuando se vieron provocados".
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