Bolivia

¿Cuánto se pagó?
El precio de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia desata polémica
Martes, 30 de Junio de 2009 10:33

La nacionalización y/o recuperación de las empresas del Estado ejercida por el gobierno del presidente Evo Morales Ayma el 1 de mayo de 2006 es cinco veces más cara que la efectuada el 17 de octubre de 1939 por el general Alfredo Ovando Candia y 214 veces más costosa que la primera recuperación efectuada el 13 de marzo de 1937 por el general David Toro.Hasta el momento, el gobierno nacional tuvo que negociar un costo de $US 429.428.172 millones de dólares por cinco de siete empresas capitalizadas y/o privatizadas; o sea 82 por ciento más que los $US 78 millones cancelados por la nacionalización de los activos de la Gulf Oil y 99 % más que las concesiones de la Standard Oil a la que sólo se indemnizó con 2 millones de dólares.Salvando distancias e ideologías, ninguno de los tres mandatarios, en su tiempo, escaparon a realizar costosas indemnizaciones y compensaciones a las transnacionales. Los generales de las Fuerzas Armadas Toro y Ovando que confiscaron los bienes de las petroleras que juraron no pagar arreglo alguno, terminaron haciéndolo bajo amenaza de juicios y sanciones económicas al Estado boliviano. En los antecedentes de la historia boliviana, aparece la única reducción del monto indeminizatorio con una apelación exitosa a cargo del Estado, en septiembre de 1970, cuando la Gulf exigió una compensación de 150 millones y sólo se le pagó 78 millones de dólares en total.La “justa indemnización” en caso de “nacionalización” fue y es reconocida por los textos reformados de la Constitución Política del Estado.Morales tuvo que pagar 188.263.196 por 1.374.293 acciones a los consorcios Amoco Bolivia SRL., Repsol YPF, TR Holdings, Petrobras Bolivia Refinación (PBR) para pasar a controlar las empresas petroleras Chaco, Transredes, las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba y, al menos, la administración de Andina, empresa en la que el Estado sólo compró 1.8 % de sus acciones en $US 6.241.966 para pasar a controlar el 51 % de la empresa.Pero además la administración gubernamental se vio obligada a reconocer, hasta el momento, $US 241.154.976 a las transnacionales Shell y Ashmore Energy International (AEI) como “indemnización” por la nacionalización de Transredes, cuyas acciones además tuvieron un costo de 67.075.352, según refiere un informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.El Estado también asumió los costos por la privatización de la industria petrolera: $US 102 millones por las refinerías Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel, otros doce millones de dólares por CLHB y aproximadamente ocho millones de dólares por la abastecedora de combustible de aviación en los aeropuertos Air BP. Pero eso no es todo, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) reconoció que existen cuentas pendientes por alrededor de $US 286 millones, por impuestos devengados y otro monto en procesos coactivos, administrativos, tributarios que se desconoce en magnitud pues aún se encuentran en litigio.La forma de la negociación post nacionalización probablemente hubiera pasado desapercibida de no haber sido por el ataque del ex presidente de YPFB Transportes, el contralmirante Gildo Angulo contra Carlos Villegas, actual presidente interino de la estatal petrolera a quien acusó por una “mala negociación” con el consorcio TR Holding (Ashmore y Shell) por asumir con deudas pasivas y el costo del desastre ecológico del derrame de Recon (crudo reconstituido) en el río Desaguadero. “En lugar de pagar 200 millones de dólares por Transredes se debió haber pagado sólo 50 millones de dólares”, sentenció Angulo a tiempo de denunciar a Villegas.La autoridad, así interpelada por un presunto sobreprecio, tuvo que revelar pasajes secretos de la negociación al dejar ver que las empresas del consorcio TR Holdings, amenazaron con un juicio arbitral por mil millones de dólares, 500 millones para la Shell y otros 500 para Ashmore, una empresa heredera de la quebrada Enron y observada por la reventa usurera de participaciones en la industria energética en todo el mundo y particularmente en América Latina.Se desconoce hasta el presente una justificación integral de parte del principal responsable de este proceso, el Ministro sin Cartera responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce sobre el proceso de negociación en su conjunto, los antecedentes de definición del precio de compra por acción, la forma de valuación de las empresas adquiridas en función de la necesidad nacional y la proyección financiera de las empresas recuperadas que demuestren que se trata de un buen negocio para el Estado.Hasta el presente nadie sabe a ciencia cierta cuál será el monto final de la compra de acciones a las empresas nacionalizadas. Lo que queda claro es que el Estado aún no culminó el proceso de rescate de las empresas que un día le pertenecieron a YPFB y fueron capitalizadas y privatizadas. El 28 de junio YPFB lanzó una nueva convocatoria, con un marcado retraso, para valuar CLHB y Air BP, cuyos ejecutivos ex propietarios amenazaron con dos procesos de arbitraje internacional exigiendo nuevas y abultadas indemnizaciones al Estado. ▲